Comité Popular de Derechos Humanos (CPDH) exhorta a la SCJN, a emitir sentencia favorable en caso de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya.

Morelia, Michoacán. Manuel Téllez.- El Comité Popular de Derechos Humanos (CPDH) exhorta a la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quien el día de mañana diez de agosto de 2022, discutirá y resolverá el amparo en revisión 51/2020 proyecto a cargo de la ministra Ana Margarita Ríos Farjat que trata el caso de desaparición forzada de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya integrantes del FNLS, desaparecidos el 25 de mayo de 2007 en la ciudad de Oaxaca. Esperando que los ministros emitan una sentencia favorable que garantice el acceso a la verdad y la justicia, que obligue a los responsables a responder ante la justicia y que ayude a la presentación con vida de Gabriel y Edmundo. A continuación su boletín de prensa:

UN DÍA HISTÓRICO PARA MÉXICO

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS

A LA OPINIÓN PÚBLICA

A 9 de agosto de 2022, Michoacán

El día de mañana, 10 de agosto de 2022, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en sesión ordinaria retomará el caso de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, por lo esta máxima instancia de justicia en nuestro país tendrá la oportunidad de emitir una resolución que marcará un precedente en la historia o se consolidará como un instrumento más para perpetuar la impunidad y negar el acceso a la justicia.

El caso de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, ambos integrantes del Partido Democrático Popular Revolucionario– Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR) ha sido histórico y trascendental, no sólo por las resoluciones judiciales obtenidas que mandatan la apertura de los carteles militares, la comparecencia de los mandos policiacos y militares ante la justicia, la creación de una Comisión Especial de Búsqueda, entre otras; si no también por la larga lucha emprendida por los familiares, organizaciones populares independientes, organismos defensores de derechos humanos, abogados y la solidaridad de diferentes personalidades que por más de 15 años, pese a la dilación, criminalización y represión, han mantenido en alto la exigencia de la presentación con vida de los revolucionarios, quienes fueron detenidos desaparecidos el 25 de mayo de 2007 en el estado de Oaxaca.

Desde la décadas de los 60’s del siglo pasado, la detención desaparición forzada ha sido parte de la política de terrorismo de Estado ejecutada contra el pueblo mexicano, hasta la fecha las víctimas se contabilizan en más de 350 mil, cifra que muestra la gravedad del crimen de lesa humanidad que es cometido por motivos políticos y sociales, a la vez que goza de un carácter transexenal.

Por más de 70 años las víctimas directas e indirectas de este crimen de Estado y de lesa humanidad han enfrentado la indolencia, criminalización, represión y la violencia de clase por parte del Estado Mexicano, quien ante el mundo se erige como un gobierno democrático, en los hechos se constituye como un régimen totalitario, demagógico, represivo y violador de derechos humanos. Hasta la fecha se niega a presentar a los detenidos desaparecidos, a garantizar el acceso a la justicia y la verdad, mucho menos castigar a los responsables materiales e intelectuales de este crimen de Estado y de lesa humanidad, haciendo que la impunidad persista hasta nuestro días.

En el caso de los revolucionarios Gabriel y Edmundo, tanto la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) y la hoy Fiscalía General de la República (FGR) han tratado de obstaculizar la lucha por la justicia y la verdad, pero no puede entenderse el actuar de ambas instituciones sin la relación que estas mantienen con el poder ejecutivo, es decir, que el propio presidente de la república Andrés Manuel López Obrador así como sus antecesores, tiene responsabilidad en la política proveer impunidad. Por lo que independientemente del discurso que realice, si este no se convierte en hechos viene siendo en último de los casos demagogia pura.

De este peso histórico es lo que pende sobre la SCJN y el gobierno federal, nos encontramos ante un momento que puede marcar un auténtico precedente jurídico y político, lo cual podría generar jurisprudencia en el Derecho mexicano en materia de derechos humanos y desaparición forzada. Para los familiares de todas las víctimas de detenidos desaparecidos, la emisión de una sentencia favorable significará sentar un precedente que beneficiará a los cientos de miles de víctimas de este deleznable crimen.

Por lo tanto, el Comité Popular de Derechos Humanos (CPDH) exhortamos a la SCJN emita una sentencia favorable que garantice el acceso a la verdad y la justicia, que obligue a los responsables a responder ante la justicia y que ayude a la presentación con vida de Gabriel y Edmundo. La exigencia en todo el mundo se traduce en: ¡JUSTICIA YA!

ATENTAMENTE:

¡JUSTICIA YA PARA GABRIEL Y EDMUNDO!

¡PORQUE VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!

COMITÉ POPULAR DE DERECHOS HUMANOS

CPDH

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