La Sección XVIII de la CNTE-Michoacán denuncia inconformidad por el hostigamiento administrativo hacia miles de trabajadores de la educación por declaración patrimonial y de intereses.

Morelia, Michoacán. Manuel Téllez.- La Sección XVIII de la CNTE-Michoacán que dirige el maestro Gamaliel Guzmán Cruz mediante un comunicado de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE-Nacional), manifiestan su inconformidad, por el hostigamiento administrativo hacia miles de trabajadores de la educación por la declaración patrimonial y de intereses que la autoridad les impone. Toda vez que desde su punto de vista no son servidores públicos y por tanto no se colma en su caso la obligación derivada del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos. A continuación su comunicado:

COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

NO A LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, manifiesta su inconformidad por el hostigamiento administrativo de la declaración patrimonial y de intereses contra los trabajadores de la educación, toda vez, que no corresponde legalmente, como lo señala el Artículo 108 constitucional porque no somos servidores públicos:

“Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones”.

De acuerdo a los artículos 32 y 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas publicado en el Diario Oficial de la Federación en el 2016, ratifica que solamente los servidores públicos deben rendir su Declaración patrimonial e intereses y precisa lo que se debe entender como servidor público.

Servidores Públicos: Las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión en los entes públicos, en el ámbito federal y local, conforme a lo dispuesto en el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

En todo caso, los trabajadores de la educación se encuentran reguladas por la Ley Federal del Trabajo, aunque con la reforma educativa del gobierno de la autodenominada 4T nos colocan nuevamente en un régimen excepción laboral.  

Por tanto, no estamos obligados a rendir la declaración patrimonial y de intereses, así como no ser merecedores de ningún tipo de sanción, por no ser servidores públicos. Además de ser, contradictoria, riesgosa y violatoria del Acuerdo del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción publicado en el DOF el 23 de septiembre de 2019.

Por lo que sostenemos que:

  • Es una obligación innecesaria, porque la Declaración patrimonial y de intereses de las trabajadoras y trabajadores al servicio del Estado no tienen bajo su encargo recursos o bienes públicos y viven de su salario, de ninguna manera contribuyen al combate a la corrupción.
  • Es una obligación contradictoria, porque bajo la amenaza de perder el empleo, se impone a personas trabajadoras que no representan una mínima amenaza al patrimonio público, mientras que ordinariamente se exhiben casos de funcionarios y exfuncionarios que han cometido atracos millonarios a las instituciones del Estado, y no solo permanecen en total impunidad, sino hasta pueden contender por altos cargos de elección popular o disfrutar de diversas prerrogativas para eludir la aplicación de la ley.  
  • Además, es una acción riesgosa, pues no hay garantía de que la información que presentan las personas obligadas se conserve a salvo de grupos o personas que se dedican a cometer delitos con información personal, alojada en sitios poco seguros o bajo la custodia de personas no confiables, como se ha denunciado en repetidas ocasiones.  
  • Además, la secretaria de Educación Pública recaba año con año toda información personal de los trabajadores de la educación a través de diversos formatos al inicio y cierre de cada periodo escolar.
  • Por último, la obligación impuesta por las autoridades administrativas federales y de los estados se contradice con el Acuerdo por el que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) emite cambios al formato de las declaraciones y a las normas e instructivo para su llenado y presentación, publicado en el DOF el 23 de septiembre de 2019.

Bajo estos argumentos sostenemos como coordinadora no rendir la Declaración patrimonial y de intereses y EXIGIMOS un alto al hostigamiento que diversas autoridades educativas realizan contra los trabajadores de la educación, así como su CANCELACION INMEDIATA y se aplique a todos los funcionarios de gobierno estatal y nacional, Congreso de la Unión, Suprema Corte de Justicia de la Nación, por ser quienes han vivido del erario público y provocado todo acto de corrupción.

UNIDOS Y ORGANIZADOS, ¡VENCEREMOS!

COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Ciudad de México, a 5 de junio de 2021.

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s