Declaración patrimonial y de intereses. Una persecución fiscal al magisterio. Afirma la Sección XVIII de la CNTE-Michoacán.

Morelia, Michoacán. Manuel Téllez.- De acuerdo al Centro Sindical de Investigación e Innovación Educativa (CSIE) de la Sección XVIII de la CNTE-Michoacán que dirige el maestro Gamaliel Guzmán Cruz, y derivado de su análisis y estudio sobre la declaración de situación patrimonial y de intereses que realiza la Secretaría de la Función Pública de acuerdo con lo que señala el último párrafo del artículo 108 Constitucional, así como a lo indicado en la fracción XXV, del artículo 3º, y artículos 32 y 46 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en donde establece que:

“Están obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad y ante las secretarías o su respectivo Órgano Interno de Control, todas las personas servidoras públicas, es decir, todas aquellas que desempeñen un empleo cargo o comisión dentro de la Administración Pública ya sea en el orden municipal, de alcaldía, estatal y federal, así como dentro de los poderes Legislativo, Judicial y Organismos Autónomos, para lo cual, cada uno de dichos entes cuenta con sus propios sistemas de recepción de declaraciones patrimoniales y de intereses.”

Derivado de ello, investigadores del CSIE informaron que conforme a dichos preceptos, las y los trabajadores de la educación están obligados a realizarla anualmente a partir de 2020, del 1 al 31 de mayo del año respectivo.

Por tanto según el estudio, presentarán su declaración patrimonial y de intereses en su totalidad, aquellos servidores públicos que tengan nivel igual a Jefe de Departamento sus Homólogos y hasta el nivel máximo en cada ente público y sus homólogos en las entidades federativas, municipios y alcaldías.

Sin embargo, según arroja el estudio del CSIE en cuestión, los servidores públicos con nivel menor a jefe de departamento como maestros, directivos y de apoyo a la educación, sólo hacen declaración de ingresos de la función y adicionales. No presentan declaración sobre patrimonio de bienes muebles e inmuebles ni por conflicto de interés. Y es que señalan que los datos a declarar del 1 de enero al 31 diciembre son:

  1. datos generales.
  2. domicilio del declarante.
  3. datos curriculares.
  4. datos del empleo, cargo o comisión.
  5. experiencia laboral.
  6. ingresos netos del declarante.
  7. ¿te desempeñaste como servidor público el año inmediato anterior? (sólo en la declaración de inicio y conclusión).

Y se establecen como sanciones

  1. en caso de no hacer declaración:

– amonestación pública o privada

-suspensión del empleo

-destitución del empleo

  • en caso de omisiones:

-inhabilitación temporal

-inhabilitación definitiva

-sanción económica

Así las cosas el Centro Sindical de Investigación e Innovación Educativa (CSIE) de la Sección XVIII de la CNTE-Michoacán en su opinión dio a conocer que al tratarlos como servidores públicos, el estado busca desconocer su condición de asalariados, por ende su derecho a la sindicalización y a la defensa colectiva de las condiciones generales del trabajo.

Indicaron que la educación es un derecho, no un servicio y que los trabajadores de la educación no administran dinero público y no tienen otro interés que no sea el de hacer valer el derecho humano a la educación.

Por lo que desde luego la transparencia debe ser una exigencia de los ciudadanos y de los trabajadores hacia las dependencias estatales, los gobiernos y los funcionarios que administran los recursos del pueblo. Toda vez que señalaron que lo que ahora está haciendo la autoridad es el hostigamiento laboral, administrativo y fiscal contra los trabajadores asalariados y además precarizados.

Por otra parte indicaron que los directivos de los centros de trabajo anualmente hacen un inventario del patrimonio escolar, de donde resulta las más de las veces reportan bajas, deterioros y aparatos obsoletos. Por lo que en ese sentido indicaron que en lo que las autoridades deberían estar más preocupadas es por velar que las escuelas estén bien equipadas y tengan la infraestructura adecuada, que recordar al magisterio que cuentan con un salario precario.

Y es que perciben que el objetivo de la autoridad educativa y de la declaración de situación patrimonial y de intereses no es la transparencia, toda vez que dijeron saben perfectamente cuánto gana cada trabajadores de la educación pues lo tienen en sus bases de datos, sino que el propósito real es indagar con fines de recaudación de mayores impuestos o para reclasificar el régimen fiscal de los docentes en la idea de quitarles más dinero, ya que un salario precario como refirieron tener, obliga a buscar otras fuentes de sustento familiar.

Por lo que consideraron, urge que la autoridad fiscal realice un estudio serio sobre la pérdida del poder adquisitivo del salario del magisterio, para que realmente hagan una propuesta de un salario digno y no así utilice una política de hostigamiento a los docentes.

Por lo que mencionaron que ante una medida como esta, solo cabe la desobediencia, pues aseguraron que la unión hace la fuerza, recomendando que ningún trabajador de la educación haga la declaración patrimonial.

A continuación se presenta un posicionamiento y recomendación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación a los trabajadores de la educación democráticos del país:

COORDINADORA NACIONALDE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

NO A LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, manifiesta su inconformidad por el hostigamiento administrativo de la declaración patrimonial y de intereses contra los trabajadores de la educación, toda vez, que no corresponde legalmente, como lo señala el Artículo 108 constitucional porque no somos servidores públicos:

Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.

De acuerdo a los artículos 32 y 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas publicado en el Diario Oficial de la Federación en el 2016, ratifica que solamente los servidores públicos deben rendir su Declaración patrimonial e intereses y precisa lo que se debe entender como servidor público.

Servidores Públicos: Las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión en los entes públicos, en el ámbito federal y local, conforme a lo dispuesto en el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

En todo caso, los trabajadores de la educación se encuentran reguladas por la Ley Federal del Trabajo, aunque con la reforma educativa del gobierno de la autodenominada 4T nos colocan nuevamente en un régimen excepción laboral.

Por tanto, no estamos obligados a rendir la declaración patrimonial y de intereses, así como no ser merecedores de ningún tipo de sanción, por no ser servidores públicos. Además de ser, contradictoria, riesgosa y violatoria del Acuerdo del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción publicado en el DOF el 23 de septiembre de 2019.

Por lo que sostenemos que:

  1. Es una obligación innecesaria, porque la Declaración patrimonial y de intereses de las trabajadoras y trabajadores al servicio del Estado no tienen bajo su encargo recursos o bienes públicos y viven de su salario, de ninguna manera contribuyen al combate a la corrupción.
  1. Es una obligación contradictoria, porque bajo la amenaza de perder el empleo, se impone a personas trabajadoras que no representan una mínima amenaza al patrimonio público, mientras que ordinariamente se exhiben casos de funcionarios y exfuncionarios que han cometido atracos millonarios a las instituciones del Estado, y no solo permanecen en total impunidad, sino hasta pueden contender por altos cargos de elección popular o disfrutar de diversas prerrogativas para eludir la aplicación de la ley.
  1. Además, es una acción riesgosa, pues no hay garantía de que la información que presentan las personas obligadas se conserve a salvo de grupos o personas que se dedican a cometer delitos con información personal, alojada en sitios poco seguros o bajo la custodia de personas no confiables, como se ha denunciado en repetidas ocasiones.
  1. Además, la secretaria de Educación Pública recaba año con año toda información personal de los trabajadores de la educación a través de diversos formatos al inicio y cierre de cada periodo escolar.
  1. Por último, la obligación impuesta por las autoridades administrativas federales y de los estados se contradice con el Acuerdo por el que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) emite cambios al formato de las declaraciones y a las normas e instructivo para su llenado y presentación, publicado en el DOF el 23 de septiembre de 2019.

Bajo estos argumentos sostenemos como coordinadora no rendir la Declaración patrimonial y de intereses y EXIGIMOS un alto al hostigamiento que diversas autoridades educativas realizan contra los trabajadores de la educación, así como su CANCELACION INMEDIATA y se aplique a todos los funcionarios de gobierno estatal y nacional, Congreso de la Unión, Suprema Corte de Justicia de la Nación, por ser quienes han vivido del erario público y provocado todo acto de corrupción.

UNIDOS Y ORGANIZADOS, ¡VENCEREMOS!

COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Ciudad de México, a 5 de junio de 2021.

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