Abogados del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Michoacán, continúan sus movilizaciones en la capital michoacana por falta de pago de compensaciones.

Morelia, Michoacán. Manuel Téllez.- El Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Michoacán, organismo público descentralizado y sectorizado en la Secretaría de Gobierno de Michoacán. Cuyo objetivo según la ley de la materia es proporcionar la defensa penal pública, y brindar asesoría en materia mercantil; patrocinio y representación en materia constitucional, civil y familiar, garantizando los derechos de las personas y su acceso a la estructura o mecanismo de administración de justicia. Así como ejemplo indicaron que en el Poder Judicial llevan una carga de trabajo a razón de ocho de cada diez asuntos son representados por un defensor público.

Y es que toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.

Teniendo presente lo anterior, abogados trabajadores de dicho instituto, continúan sus movilizaciones en la capital michoacana en protesta de la falta de pago de la compensación garantizada y cuyo pago debió darse a finales del mes de agosto de 2021, por lo que preocupados de que por la situación financiera del Estado de Michoacán citado pago no se dé, por lo que al no tener una respuesta objetiva  o certeza de que se vaya a realizar los pagos, la gran mayoría del cuerpo de defensores tomaron la decisión de realizar acciones demandando solución a dicha problemática.

El Lic. Enrique Tovar Morales defensor público en materia penal, indicó que el cuerpo de defensores se unió con el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado de Michoacán, para realizar diversas acciones, demandando del Gobierno del Estado asumir su responsabilidad y de solución inmediata a los adeudos que mantienen con citados empleados, por trabajo devengado. Además de solicitar que a defensores públicos que se encuentran por contrato (eventuales), a quienes recientemente se les informó que dejaran de laborar para el instituto a finales del mes de septiembre, se les tome en cuenta para renovar su contrato debido a la importante labor que realizan en el instituto, ya que sin ellos sería complicado sacar adelante todos los asuntos en los que intervienen.

Mencionó que hasta la fecha no se ha llegado a ningún acuerdo, ni con los directivos, ni con funcionarios del Gobierno del Estado, dijo que tienen conocimiento de que este día por la tarde es probable la celebración de una reunión con los sindicatos del tribunal superior de justicia; con sindicatos de telebachilleratos, al cual se sumará un representante del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Michoacán que hoy se manifiestan a efecto de buscar solucionar sus demandas.

Indicó que junto con la sociedad tienen confianza y altas expectativas en el próximo Gobierno de Michoacán que encabezará el Lic. Alfredo Ramírez Bedolla, esperando que exista en él la sensibilidad ante la problemática de la defensoría pública, atendiendo no sólo el tema de los salarios, sino que revise la estructura del instituto, solucionando el tema de contratación de los defensores públicos que se les vence su contrato a efecto de que continúen ejerciendo su profesión en el instituto. Permitiendo además abordar otros temas que aquejan al instituto y que los últimos directivos han hecho caso omiso. Por lo que indicó que buscaran un acercamiento con el próximo gobernador y funcionarios de su administración.

Finalizó mencionando que no logran entender el motivo de la falta de pagos a más de 160 defensores públicos, toda vez que según el Congreso del Estado aprobó un presupuesto suficiente para garantizar la nómina durante el ejercicio fiscal 2021. Por lo que desconocen donde están los recursos o si se desviaron para otro fin. Por lo que indicaron que los adeudos hasta el momento ascienden a un millón y medio de pesos, asegurando que de no resolverse su problemática en consenso determinara el siguiente plan de acción. Pidiendo la compresión de la sociedad por las afectaciones que suponen sus acciones, pero están obligados a hacerlo, es decir a defender sus derechos.

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