La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (ONU-DH), reiteró la importancia de que el Gobierno de Michoacán acate la recomendación 42VG/2020 de la CNDH.

Morelia, Michoacán. Manuel Téllez.- Recientemente la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (ONU-DH), llevó a cabo la importante misión de documentar la situación que en materia de derechos humanos prevalece en la región de la Meseta Purépecha en específico en las comunidades indígenas de Arantepacua y Nahuatzen en el Estado de Michoacán los días 24 al 26 de agosto de 2021. Derivado de lo anterior la Oficina de la Alta Comisionada expresó su preocupación por la conflictividad social y el clima de inseguridad que persisten en la región. Agravados por la estigmatización y criminalización de las personas y grupos que han promovido la libre determinación de los pueblos indígenas de la zona. Puede consultar el comunicado de prensa haciendo click aquí.  

Es importante señalar que este asunto no es menor, pues deja ver la incapacidad, falta de voluntad o cerrazón de las instituciones en este caso del Gobierno de Michoacán, para solucionar los conflictos sociales de la entidad, y que una vez más es necesario buscar justicia fuera del estado mexicano y que sea la jurisdicción supranacional la que emita su opinión con respecto a temas fundamentales para el fortalecimiento del estado constitucional y democrático de derecho, como lo es el acatamiento a la recomendación 42VG/2020 que hiciera la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió al aún gobernador del estado de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, y al Fiscal General del Estado (FGE-M), Adrián López Solís, por violaciones graves ocurridas los días 4 y 5 de abril de 2017, en los que se cometieron violaciones al derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad personales por actos constitutivos de tortura, al derecho de reunión, al interés superior de la niñez y a una vida libre de violencia, en agravio de la comunidad de Arantepacua.

Así las cosas el pasado 24 de agosto de 2021 la ONU-DH, la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas en México (ONU-DH) visitó la comunidad autónoma de Arantepacua, Michoacán, y constató que el gobierno estatal ha sido omiso e irresponsable en acatar la recomendación 42VG/2020, toda vez que hasta la fecha no existe castigo a los responsables, no existen medidas reales y efectivas de atención a las víctimas y mucho menos una reparación integral del daño, inclusive el autoritario Gobierno de Michoacán aun encabezado por el Ing. Silvano Aureoles Conejo, ha llegado al extremo de negar a las víctimas una disculpa pública.

Los funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU-DH) entrevistaron a algunas de las víctimas de violaciones graves de derechos humanos, recorrieron los lugares donde la policía del estado de Michoacán ejecutó a 4 comuneros (entre ellos un menor de edad) y los domicilios donde fueron detenidas las víctimas de tortura y detención arbitraria el día 05 de abril de 2017, asimismo, escucharon de viva voz el testimonio de detención arbitraria y tratos crueles,  inhumanos y degradantes de que fueron objeto las personas detenidas el día 04 de abril de 2017.

Aunado a ello, el personal de la ONU-DH se entrevistó con integrantes del Consejo Comunal Indígena y de la Comisión de Justicia, constatando la falta de respeto a los derechos humanos que reina en el Estado de Michoacán. Derivado de lo anterior y ante el acreditado incumplimiento en materia de derechos humanos del gobierno de Silvano Aureoles Conejo y el evidente desastre de su gestión, la ONU-DH se dirigió al gobierno electo del estado para que atienda y dé cabal cumplimiento a la referida recomendación 42 VG/2020 de la CNDH.

Asimismo, la ONU-DH se pronunció nuevamente porque la Fiscalía General de la República ejerza la facultad de atracción del caso, a efecto de terminar con la impunidad que impera a nivel estatal.

Contra vista del lugar donde cayó Francisco Jiménez Alejandre (de derecha a izquierda: Celia Morales viuda de Francisco Jiménez, Alejandro Crisóstomo victima del 04 de abril; Anita Soria viuda de Santiago Crisanto. + Créditos de las imágenes LENICA MORALES Colectivo Liquidámbar

Es preciso señalar que la visita de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (ONU-DH), a la comunidad de Arantepacua es fruto de las labores de documentación y litigo del Colectivo Liquidámbar, así como de la dignidad y resistencia de las víctimas, autoridades y comisiones que no han cesado, ni cesarán, de exigir justicia.

Cabe señalar también que el 25 de agosto y derivado de esta visita, fue desechada la acusación en contra de seis de los comuneros detenidos el 05 de abril de 2017, acusación por medio de la cual  el gobierno de Silvano Aureoles pretendía falsamente imputarles las portación de armas de fuego a los comuneros. Por lo que el litigio, defensa y asesoría del área jurídica del Colectivo Liquidámbar fue importante en estos resultados, demostrándose una vez más, la falsedad de la acusación del gobierno estatal.

Lugar donde fue ejecutado el menor Luis Gustavo Hernández Cohenete.+ Créditos de las imágenes LENICA MORALES Colectivo Liquidámbar

Finalmente señalar que aún falta mucho por hacer, con respecto a la disculpa pública del Estado de Michoacán, así como la reparación del daño y la implementación de mecanismos de no repetición. Además de que el Estado debe abstenerse de estigmatizar y criminalizar a las personas y grupos que promueven la libre determinación de los pueblos indígenas de la región, así como su obligación de garantizar la vida e integridad de dichas personas.

Lugar donde fue ejecutado el menor Luis Gustavo, aparece don Agustín Cohenete Policarpio, sobreviviente de tortura (le perforaron un pulmón con un disparo y le dejaron su mano quebrada y nunca sanó) y por detención arbitraria.+ Créditos de las imágenes LENICA MORALES Colectivo Liquidámbar

Por lo que desde luego es fundamental seguir el exhorto de la ONU-DH de alentar a las autoridades electas de Michoacán a mantener una actitud de diálogo libre de prejuicios con representantes de las comunidades indígenas de la región, así como a conducirse en estricto apego a la normatividad nacional y los estándares internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas.

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