La Comunidad Indígena de Arantepacua, da a conocer la recomendación 42VG/2020 de la CNDH, en la que se dictaminó la responsabilidad del Gobierno de Michoacán en los hechos de 2017.

Morelia Michoacán. Manuel Téllez.- “Estado y Derecho” su armonía es necesaria para el buen funcionamiento de cualquier sociedad. Norberto Bobbio jurista, filósofo y politólogo italiano, indicó alguna vez que Derecho y Poder (Estado) son las dos caras de una misma moneda, que no se puede entender el uno sin el otro. Esto es que el Derecho sin Poder es simplemente una carta de buenas intenciones, son sólo promesas, es una utopía, dicho en otras palabras el Poder del Estado hace que el derecho sea efectivo. Por su parte el Poder (Estado) sin el Derecho es simplemente fuerza, violencia pura, y el Poder (Estado) sólo es domesticado por el Derecho.

En ese entendido, si México pretende ser un Estado Constitucional y Democrático de Derecho, dirigirá todo su esfuerzo en hacer que prevalezcan y se garanticen los Derechos Humanos por encima de decisiones políticas arbitrarias, que evidentemente son contrarias a nuestro texto constitucional. Y es que a pesar de que la Constitución Federal establece que todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, en la práctica, la vulneración de los derechos fundamentales en México es una práctica recurrente, sistemática y generalizada, en la que participan servidores públicos de los tres niveles de gobierno y autoridades tanto civiles, como militares, señala una investigación elaborada por la Dirección General de Difusión y Publicaciones del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República (IBD).

La investigación que puede ser consultada en el siguiente link http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/4347   y concluye que por su complejidad, magnitud y características, la crisis de derechos humanos en que nos encontramos constituye un problema del Estado mexicano, que debe ser reconocido en todas sus dimensiones y atendido de forma transversal, sin minimizar la gravedad de los abusos cometidos por los elementos policiacos o castrenses que obedecen ordenes derivadas de la visión o políticas de sus Gobernantes, esto es que todas las autoridades de los tres niveles de Gobierno deben ser ubicados en perspectiva, como parte de un problema global sobre el cual es necesario reflexionar.

Y es que una vez que se cometen abusos y violaciones a los DH, las autoridades refieren que la falta de respeto a los derechos humanos se restringe a una deficiencia de la política criminal del Estado o a los excesos en el actuar de las fuerzas policiacas o armadas, eso sería una mentira, sostiene el documento. Apunta que las violaciones a los derechos fundamentales en nuestro país son cometidas por todo tipo de servidores públicos y sus consecuencias repercuten negativamente en la calidad de vida de las personas.

Teniendo eso presente y para delimitar el tema, nos ocuparemos de uno de tantos casos de violaciones a los derechos humanos ocurridos en el Estado de Michoacán, específicamente en la comunidad de Arantepacua ocurridos los días 4 y 5 de abril de 2017, en donde fuerzas policiacas irrumpieron en la comunidad violentando un sin número de violaciones a los Derechos Humanos de sus habitantes entre los que destacan allanamientos, detenciones arbitrarias e injustificadas, lesiones e incluso pérdidas humanas, entre otros. Sumado a lo anterior la comunidad y sus habitantes mencionaron que fueron criminalizados por parte de muchos medios de comunicación quienes sin conocer la situación que por años ha prevalecido en su comunidad, les acusaron de muchas cosas e incluso de pertenecer a la delincuencia organizada.

Así dieron a conocer que a tres años con ocho meses de las atrocidades perpetradas por el Gobierno del Estado de Michoacán en contra de la Comunidad Purépecha de Arantepacua los días 4 y 5  de abril de 2017. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 42VG/2020, en la que se dictaminó la responsabilidad del Gobernador del Estado Silvano Aureoles Conejo, el actual Fiscal General del Estado Adrián López Solís, del entonces Secretario de Seguridad Pública estatal Juan Bernardo Corona, del entonces Subsecretario de Seguridad Pública Carlos Gómez Arrieta (actualmente preso por tortura en el caso Ayotzinapa), así como de los funcionarios Armando Hurtado Arévalos y Víctor Lara Vidales, diversas violaciones graves a los derechos humanos de habitantes de la comunidad indígena de Arantepacua.

Así lo dieron a conocer en rueda de prensa, Leinica Morales del Colectivo Liquidámbar, quien estuvo acompañada de Natividad Cohenete Albino por el caso de sobreviviente de tortura del Sr. Agustín Cohenete Policarpio; Anita Soria Sebastián por el caso Santiago Crisanto Luna; Rosa Cohenete Policarpio y Teresa Prado por el caso de Luis Gustavo Hernández Cohenete (caído); por parte de la Comisión de Justicia Lucio Baltazar Márquez; y Marco Antonio Pascual Jiménez miembro del Consejo Comunal de dicha comunidad. Iniciaron la conferencia de prensa con la lectura del siguiente comunicado:

Arantepacua, Michoacán a 11 de enero de 2021

JUSTICIA ARANTEPACUA

Al pueblo de México

A la sociedad organizada nacional e internacional

A los medios de comunicación

El pasado once de diciembre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación 42VG/2020, a más de tres años con ocho meses de las atrocidades perpetradas por el gobierno del Estado de Michoacán en contra de la comunidad purépecha de Arantepacua, los días 4 y 5  de abril de 2017. 

En dicha Recomendación se dictaminó la responsabilidad del Gobernador del estado Silvano Aureoles Conejo, el actual Fiscal General del estado Adrián López Solís, del entonces Secretario de Seguridad Pública estatal Juan Bernardo Corona, del entonces Subsecretario de Seguridad Pública Carlos Gómez Arrieta (actualmente preso por tortura en el caso Ayotzinapa), así como de los funcionarios Armando Hurtado Arévalos y Víctor Lara Vidales, en las siguientes VIOLACIONES GRAVES A LOS DERECHOS HUMANOS:

  • 4 ejecuciones arbitrarias (José Carlos Jiménez Crisóstomo, Francisco Jiménez Alejandre, Luis Gustavo Hernández Cohenete y Santiago Crisanto Luna)
  • 10 casos de tortura
  • 48 detenciones arbitrarias
  • 56 domicilios allanados ilegalmente
  • Decenas de personas lesionadas de manera injustificada
  • Criminalización de la lucha comunal 

Lo anterior dejó un saldo de más de mil víctimas, siendo que la comunidad tienen poco más de 2,700 habitantes.

Por lo anterior los sobrevivientes, familiares de las víctimas, la Comisión de Justicia, el Consejo Comunal Indígena y el Colectivo Liquidámbar EXIGIMOS:

  • Reconocimiento público por parte de Silvano Aureoles Conejo y Adrián López Solís como principales responsables en la masacre, agresiones y vejaciones llevadas a cabo de manera artera, desproporcional e injustificada los días 4 y 5 de abril de 2017 en contra de la comunidad de Arantepacua.
  • El reconocimiento de la legítima lucha y protesta social que históricamente ha llevado a cabo la comunidad y que los funcionarios se retracten de sus pronunciamientos que estigmatizaron y criminalizaron a los habitantes de Arantepacua.
  • Castigo a los autores materiales e intelectuales desde los más altos funcionarios del Gobierno del estado, la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado.
  • Que la Fiscalía General de la República ejerza la facultad de atracción del caso, puesto que el actual Fiscal General del Estado Adrián López Solís incurre en conflicto de intereses al ser instado para investigar la responsabilidad del entonces Secretario de Gobierno, es decir, que se investigue a sí mismo por múltiples delitos en contra de la comunidad. 
  • Que Silvano Aureoles Conejo y Adrián López Solís reconozcan que las dependencias a su cargo han mentido y ocultado información deliberadamente para impedir el acceso a la justicia y la atención integral para las víctimas de la comunidad.
  • Cumplimiento de todos los puntos recomendatorios emitidos por la CNDH: una reparación integral del daño colectiva e individual, pronta y expedita (CEAV y CEEAV); investigación y sanción por responsabilidades penales. Asimismo la comunidad reivindica su derecho a la protesta social para exigir dicho cumplimiento a la Recomendación 42VG/2020 y de las demandas expresadas. 
  • En orden de evitar la repetición de hechos tan lamentables y deplorables que atenten contra la dignidad de todas las personas y comunidades indígenas, que los funcionarios referidos, no vuelvan a ocupar ningún cargo público.

En consideración de lo anterior llamamos a todas las comunidades, movimientos sociales, sociedad organizada y medios de comunicación solidarios con las causas justas y en resistencia, a difundir y solidarizarse con estas exigencias.

¡5 DE ABRIL NI PERDÓN, NI OLVIDO!

FIRMAN:

SOBREVIVIENTES Y FAMILIARES DE VÍCTIMAS

COMISIÓN DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD

CONSEJO COMUNAL INDÍGENA DE ARANTEPACUA

COLECTIVO LIQUIDÁMBAR

Posteriormente, los asistentes a la conferencia de prensa familiares de las víctimas y víctimas respectivamente de los hechos ocurridos en la comunidad de Arantepacua en abril de 2017, exigieron justicia y castigo para los autores intelectuales y materiales, que se castigue a los funcionarios y autoridades responsables que según los resultados de la investigación y resolución de la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). De igual forma exigieron que es preciso hacer justicia para que dichos actos no queden impunes, que los daños causados se reparen, que los responsables sean castigados conforme a la ley y que estos actos no vuelvan a ocurrir en Arantepacua ni en ninguna otra parte del Estado ni del país.

Lucio Baltazar Márquez de la Comisión de Justicia, en sus palabras exigió que el Gobernador del Estado Silvano Aureoles Conejo reconozca públicamente la masacre que provocó en Arantepacua, y que junto con los funcionarios nombrados en la recomendación de la CNDH acepten su autoría intelectual. Agregó que la comunidad de Arantepacua no se quedará con los brazos cruzados, apuntó que siempre estarán en lucha, en resistencia hasta que se haga justicia, haciendo extensivo su apoyo y solidaridad a comunidades hermanas y  organizaciones sociales a las que llamó a unificar las fuerzas de las comunidades, con el magisterio, con estudiantes del estado de Michoacán y de la república mexicana.

Por su parte Marco Antonio Pascual Jiménez del Consejo Comunal hizo un llamado a todos los órganos de los tres niveles de Gobierno, para que dentro de las funciones que les compete estén atentos a la respuesta del Gobierno del Estado de Michoacán que encabeza el Ing. Silvano Aureoles Conejo, respecto su respuesta a la recomendación de la Comisión Nacional Derechos Humanos, la cual en sus palabras es una prueba legal que sustenta las arbitrariedades ocurridas en dicha comunidad en abril 2017. Resolución y recomendación basada en la investigación de fondo de los hechos en cuestión, y es que mencionó que fueron muchos los abusos, atropellos, con lo que se violentaron los derechos humanos de habitantes de la comunidad de Arantepacua.

Por su parte la vocera del Colectivo Liquidámbar, dijo estar acompañando a la comunidad y también se sumaron a la voz de exigencia de justicia y sobre todo que la Fiscalía General de la República atraiga el caso, toda vez que advirtió que es preocupante que sea la misma Fiscalía del Estado que se investigué el caso cuando su titular está involucrado. Por lo que hizo un llamado a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), así como a todas las dependencias encargadas del Gobierno para que la recomendación de la CNDH sea aplicada, a efecto de que se haga justicia y las medidas de rehabilitación y reparación sean prontas para la comunidad de Arantepacua en especial a las familias víctimas.

La maestra Xóchitl Madrigal habló sobre las diversas afectaciones que sufriera la comunidad de Arantepacua no sólo en 2017, en el que hubo como se ha expresado una serie de violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos, indicando que el Gobierno del Estado de Michoacán, lejos de enviar becas para los estudiantes, apoyos sociales, obras necesarias para la comunidad o escuchar las protestas i reclamos de la comunidad, envió las fuerzas policiacas a reprimir a los habitantes con las consecuencias y resultados que ya se conocen.

Así mismo presentaron una serie de mantas en las cuales señalaron que aunque los dibujos plasmados en ellas son sencillos, lo cierto es que tienen un significado trascendental en la comunidad en especial en la niñez, quienes también muchos de ellos vivieron los hechos ocurridos en 2017. Mostraron una manta elaborada por niños y familiares directos de los cuatro caídos, tratando de plasmar su dolor e indignación en esas imágenes.

Por su parte el Sr. Elpidio habló acerca de los múltiples ataques por parte del Gobierno del Estado a través de la Prensa Oficial en donde se criminalizó a la comunidad, acusándolos de ser parte de algún Cartel o de alguna Guerrilla, generando especulación en la sociedad en general. Por lo que indicó que la recomendación de la CNDH, marca un momento histórico para su comunidad, toda vez que arroja luz en los hechos de abril de 2017, donde claramente menciona la responsabilidad del Gobierno del Estado. Solicitando a los diferentes medios de comunicación a que derivado de la recomendación de la CNDH, ofrezcan disculpas o se retracten de la mala información que dieran a conocer respecto de la comunidad de Arantepacua.

Finalmente señalaron que en relación a la recomendación de la CNDH, el Gobierno del Estado tiene 15 días hábiles para responder: si acepta o no acepta la recomendación. Indicó que en caso de no aceptarla tendría que comparecer ante el Senado de la República por Ley. Por lo que La Comisión Nacional de Derechos Humanos tendría que preguntarle nuevamente al Gobierno del Estado si mantiene su negativa a no aceptar la recomendación en cuyo caso por Ley la CNDH tendría que presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía y las instancias administrativas correspondientes.

El Sr. Enrique agregó que la recomendación está fundamentada en una investigación de años, con decenas de medios de prueba, videos, fotografías, dictámenes periciales, etc. Lo que en sus palabras no se trata de una opinión sino de una investigación que concluye la responsabilidad del Gobierno del Estado de Michoacán. Ya que recordó que el Gobierno de Silvano Aureoles Conejo a quien llamó fascista de clóset, detuvo en 2017 a 38 comuneros de manera arbitraria, de tal suerte que la comunidad en su legítimo derecho a manifestarse el día 5 de abril realizó actividades de protesta, y el Gobierno del Estado en lugar de privilegiar el diálogo en sus palabras, ordenó atacar y masacrar a la comunidad.

Por otra parte indicó que está plenamente acreditada la pertinencia jurídica de que la Fiscalía General de la República ejerza su facultad de atracción del caso, por varias razones en principio del artículo 4° de la Ley que rige a la Fiscalía General de la República establece que la competencia es posible cuando se demuestre la incapacidad o inefectividad de las instancias locales en este caso después de más de 3 años 8 meses en los cuales no hay ni un sólo responsable en prisión. Esto es que está en sus palabras, plenamente acreditado el supuesto la incapacidad e ineficacia de la Fiscalía local para resolver esta situación. Y es que dijo que incluso se intentó mentir y obstaculizar la investigación de la CNDH, ya que se concluye al leer la recomendación de la Comisión que incluso está presentando una queja administrativa, por la forma en la entonces Procuraduría General del Estado Michoacán les mintió.

Finalizó mencionando que la Fiscalía del Estado está incapacitada para investigar y no tiene ninguna voluntad en resolver el asunto de trascendencia nacional por su probable conflicto de intereses, ya que el Fiscal del Estado no se va a investigar asimismo. Agregó que se ha mencionado tan sólo a 213 víctimas directas plenamente acreditadas, más otras que por miedo o por temor no han declarado. A eso se suman las víctimas indirectas pues son más de 1000 personas en una comunidad de 2700 habitantes.  Se puede ver toda la conferencia de prensa en la siguiente liga https://www.facebook.com/cliquidambar/videos/3947069472023123/

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