Omega Vázquez Coordinadora del proyecto Morelia por el Partido del Trabajo y el Comité Popular de Derechos Humanos presentes en la marcha mitin de familiares y amigos de personas internas en el CERESO de Mil Cumbres.

Morelia, Michoacán. Manuel Téllez.- Omega Vázquez Coordinadora del proyecto Morelia por el Partido del Trabajo y el Comité Popular de Derechos Humanos (CPDH) presentes en la marcha mitin de familiares y amigos de personas internas en el CERESO de Mil Cumbres, quienes a diez meses de no permitir las visitas de familiares y amigos de personas privadas de su libertad, recluidas en el Centro Penitenciario “David Franco Rodríguez” mejor conocido como el “Cereso de Mil Cumbres”, manifestaron su inconformidad de que las autoridades penitenciarias, así como el Gobierno del Estado impiden las visitas a sus familiares internos, argumentando que son medidas derivadas de la contingencia sanitaria por la pandemia por COVID-19, a fin de prevenir posibles contagios.

En ese sentido los familiares entregaron un documento en el que solicitan se implemente el régimen de visitas comprometiéndose a observar cualquier medida sanitaria que se implemente en el centro penitenciario, que sean pertinentes y de conformidad con la Secretaría de Salud; así como que se establezca una calendarización de visitas. Y es que si bien es cierto que las visitas a los reclusos son fundamentales para su reinserción social,  también lo es que es un derecho humano para ellos y sus familias. Indicando que promoverán una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos a efecto de que emita la recomendación correspondiente.

Para comprender que es exactamente el tema de las visitas a personas recluidas en centros penitenciarios, es preciso recordar que el pasado 10 de diciembre, se conmemoró el setenta y dos aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, podemos decir de manera general que su contenido establece el fundamento, objetivo e incluso una aspiración mundial de que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Dicha declaración es considerada generalmente el fundamento de las normas internacionales sobre derechos humanos, estas normas incluyen declaraciones, convenciones, pactos, protocolos, que no son más que acuerdos y tratados internacionales sobre la materia.

En ese sentido es necesario entender, que los compromisos internacionales contraídos por todos los Estados y en nuestro caso particular por México, constituyen en sí mismos un gran logro, ya que buscan promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos que son inalienables de todas las personas, en todo momento y en todo lugar, de todos los colores, de todas las razas y etnias, discapacitados o no, ciudadanos o migrantes, sin importar su sexo, clase, casta, creencia religiosa, edad, orientación sexual e incluso “privadas de su libertad en un reclusorio compurgando su sentencia”.

Así las cosas el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, regula el Sistema Penitenciario y establece de manera preponderante que su organización deberá efectuarse sobre la base del respeto a los Derechos Humanos”, y como fin de la pena, establece la reinserción social de las personas privadas de su libertad. Es claro que estos son los ejes bajo los cuales los centros de reclusión del país deben funcionar.


Para garantizar la reinserción social, es fundamental atender lo previsto en el artículo 1º de nuestra Carta Magna, respecto a que todas las personas gozan de los Derechos Humanos reconocidos en ella y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, lo cual evidentemente incluye a las personas procesadas o sentenciadas que se encuentran en prisión”.

Así, La Declaración Universal de Derechos Humanos; Las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente; La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; La Ley Nacional de Ejecución Penal; El documento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denominado “Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas” entre otros instrumentos nacionales e supranacionales establecen los derechos humanos de  todas las personas privadas de su libertad, quienes sin limitaciones deberán de gozar de todos los derechos humanos y de las libertades fundamentales consagradas en la referida normatividad, salvo algunas limitaciones evidentemente necesarias por el hecho del encarcelamiento, siempre y cuando dichas excepciones fundadas y motivadas en dichos normatividad.

Ahora bien, en el art. 9 de la Ley de Ejecución Penal, establece de conformidad con los instrumentos jurídicos expresados anteriormente, que “Las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario, durante la ejecución de la prisión preventiva o las sanciones penales impuestas, gozarán de todos los derechos previstos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, siempre y cuando estos no hubieren sido restringidos por la resolución o la sentencia, o su ejercicio fuese incompatible con el objeto de éstas.

Esto es que todo recluso tiene entre otros los siguientes derechos: Recibir un trato digno del personal penitenciario; Recibir asistencia médica preventiva y de tratamiento para el cuidado de la salud; Recibir alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; Recibir un suministro de agua suficiente, salubre, aceptable y permanente para su consumo y cuidado personal; A que se garantice su integridad moral, física, sexual y psicológica;… y,

TENER ACCESO AL RÉGIMEN DE VISITAS”. En este último punto, es preciso entender que el apoyo emocional modifica la valoración de las amenazas de los acontecimientos vitales, mejora la autoestima, reduce la ansiedad y/o la depresión, motivando al recluso a salir adelante, esto es que las visitas de familiares y amigos, constituyen el principal apoyo y vínculo establecidos entre la persona encarcelada y la familia o amigos, siendo fundamental para su correcta reinserción social.

Es preciso recordar que ante una pandemia como la que enfrentamos, es necesario proteger a las personas tanto las que se encuentran recluidas, como las que realizan las visitas, sin embargo las autoridades carcelarias y el gobierno federal o estatal mediante las secretarias de salud, dependencias u organizaciones que tengan injerencia en el tema que nos ocupa, se organicen, coordinen para establecer un mecanismo para garantizar las visitas a los centros penitenciarios, lo anterior observando categóricamente los derechos humanos en este caso el de la salud, que garantice el de visitas.

Así en la manifestación frente al CERESO de mil cumbres, estuvieron presentes Omega Vázquez Coordinadora del proyecto Morelia por el Partido del Trabajo, quien solidariamente apoyó la demanda de familiares y amigos de las personas que se encuentran internas en dicho centro penitenciario, considerando fundamental para la correcta reinserción social de las personas que compurgan una sentencia, así mismo indicó que apoyará y asesorará a los familiares en la presentación de una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos para los efectos correspondientes. Así como trabajar en aras de garantizar la correcta reinserción social, toda vez que el hacinamiento, ausencia de perspectiva de género, son sólo algunas de las problemáticas que obstaculizan que se cumpla el objeto que señala el artículo 18 de la constitución federal a saber, lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir.

De igual forma estuvieron presentes integrantes del Comité Popular de Derechos Humanos quienes de manera solidaria apoyaron la actividad y dieron cuenta de las inconformidades y demandas de familiares y amigos de personas reclusas en el Centro Penitenciario “David Franco Rodríguez” mejor conocido como el “Cereso de Mil Cumbres”, además de conocer que la misma situación se padece en el Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delito de Alto Impacto No.1 de Charo, Michoacán, por lo que dieron a conocer el siguiente posicionamiento:

FAMILIARES EXIGEN RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS DE SUS SERES QUERIDOS EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS DE MICHOACÁN

A 14 de diciembre de 2020, Michoacán

Familiares de personas privadas de su libertad en el Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delito de Alto Impacto No.1 y el Centro Penitenciario “David Franco Rodríguez” llevaron a cabo una marcha para exigir sea nuevamente posible llevar a cabo las visitas a sus familiares, quienes son víctimas de violaciones a los derechos humanos siendo afectada su integridad física y psicológica.

Los familiares denuncian ante la opinión pública que en tanto en el Centro Penitenciario de Alta Seguridad y en el “David Franco Rodríguez” los internos son víctimas de:

  • Agresiones físicas y verbales por parte de funcionarios y custodios.
  • Condiciones insalubres y no adecuadas para una estancia digna.
  • Venta de productos básicos a precios excesivos dentro de los Centros Penitenciarios.
  • Negación de entrada de medicamentos y de objetos de uso personal.

De la misma manera se denuncia el burocratismo extenuante y la prepotencia de funcionarios y custodios hacia los familiares a quienes les dicen “a nosotros no nos hacen nada los derechos humanos”. Ante las diferentes promesas que les hacen los funcionarios y directores, los familiares decidieron manifestarse para exigir respeto a sus derechos, pues resulta preocupante que las autoridades penitenciarias no informen sobre la situación de los reclusos ante posibles contagios de COVID-19.

La marcha inició cerca de las 10:00 horas y en ella estuvieron presentes niños, mujeres, adultos mayores y hombres que al sonido de la consigna ¡Queremos visitas!, la cual encarna la demanda de justicia y un trato digno conforme a los tratados y principios de los organismos internacionales de derechos humanos. La combatividad de las mujeres fue el elemento que más resaltó en esta actividad, durante el camino hubo muestras de apoyo por parte de los conductores demostrando así el humanismo proletario de los trabajadores ante una injusticia.

Por parte del Director del Centro Penitenciario “David Franco Rodríguez” hubo atención a las demandas de los familiares, caso muy contrario al Director del Centro Penitenciario de Alta Seguridad Noé Galván Carrillo quien se negó a salir a dialogar por más de tres horas además que lanzó amenazas de represión contra los familiares y su actitud en todo momento fue prepotente al grado de decir “traigo equipo anti motín y además puedo llamar a los militares”. De esta manera demuestra su cerrazón ante una justa demanda.

Si bien existe una situación de contingencia sanitaria, los derechos humanos no pueden ser anulados, mucho menos lesionados, tanto el gobierno michoacano y los Centros Penitenciarios tienen la obligación de generar condiciones para poder llevar a cabo las visitas, además que los testimonios de los familiares ponen en duda la versión difundida sobre “los cero casos de COVID-19”.

Un reconocimiento a todos los que luchan y exigen el respeto de sus derechos, su preocupación e indignación es comprensible, ya que son cientos de casos de violaciones a los derechos humanos en los centros penitenciarios, botón de muestra es el de Leobardo Reyes Meza, preso político y víctima de tratos crueles, degradantes, inhumanos, hostigamiento y tortura psicológica en el Centro Penitenciario de Alta Seguridad.

ATENTAMENTE:

COMITÉ POPULAR DE DERECHOS HUMANOS

CPDH

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