46 años de impunidad y olvido de los tres niveles de Gobierno de México en el caso de la familia Guzmán Cruz, acusa Consejo Supremo Indígena de Michoacán continúan exigiendo memoria, verdad y justicia.

Morelia, Michoacán. Manuel Téllez Girón.- El Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México (COFADDEM) Alzando Voces y el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) en el marco del 46º aniversario de impunidad por la desaparición forzada de 5 integrantes de la familia Guzmán Cruz, ofrecieron una conferencia de prensa, en donde le recordaron al Gobierno Federal que a 46 años de la detención, secuestro, tortura y desaparición forzada de ocho personas, no se ha hecho justicia, por lo que le solicitan justicia y que esos delitos no queden en la impunidad, no sólo para sus familiares sino para todos los desaparecidos en el país.

Abdallan Guzmán Cruz señaló que el Estado Mexicano no ha respondido por esos delitos de lesa humanidad, a pesar de que la desaparición forzada fue denunciada y documentada ante el comité nacional pro defensa de presos, perseguidos, desaparecidos y exiliados por motivos políticos, ante la comisión nacional de derechos humanos, quien emitió la recomendación 26/2001, en la fiscalía especial para movimientos sociales y políticos del pasado, ante el grupo de trabajo de naciones unidas sobre desaparición forzada o involuntaria. Mencionó que actualmente el caso se encuentra admitido en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se espera el dictamen de fondo, para poder acceder ante la justicia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH.

Posteriormente se relató los hechos ocurridos en julio de 1974,comentando que hace 44 años, un grupo integrado por el ejército mexicano, denominado la brigada blanca, órgano político perteneciente a la extinta dirección federal de seguridad, por elementos de la policía judicial del estado de Michoacán y policías municipales de Zacapu, Michoacán, arribaron a la comunidad indígena de Tarejero, en su búsqueda, toda vez que en aquellos años Abdallan participaban en la lucha político-militar, derivado de las injusticias, desigualdad, abusos y arbitrariedades, por parte del estado, quien no les dejó ninguna salida.

Mencionó que días antes de la incursión a la comunidad de Tarejero, ya habían detenido y torturado a Amafer Guzmán Cruz y sólo faltaba ser detenido él, y al no encontrarlo según dijo, allanaron su domicilio, golpeando y lesionando a los integrantes de su familia, entre ellos a  su padre y madre, así como a niños de entre 6 y 13 años de edad, realizando destrozos en los enceres de su hogar.

Comentó que José de Jesús Guzmán Jiménez, fue sometido a actos de tortura por más de siete horas y así, toda su familia fue perseguida, hostigada, reprimida, amenazada y torturada desde el día 19 hasta el día 23 día en que se llevaron a su padre y a su hermano menor de edad  Adenauer Solón Guzmán Cruz, dijo que los trasladaron al campo militar número uno en la ciudad de México, en donde ya tenían privado de su libertad a su otro hermano Armando Guzmán Cruz, y posteriormente lo detuvieron a él y a su hermano Venustiano Guzmán Cruz, en fechas diferentes.

Señalaron que desde entonces, cinco integrantes de su familia se encuentran desaparecidos, junto con otros familiares y compañeros. Señaló que paralelamente a esos hechos, también fue detenido, torturado y desaparecido Rafael Chávez Rosas de la comunidad de Caltzontzin. Agregó que la operación militar en Tarejero y las desapariciones forzadas coordinadas, supervisadas y ejecutadas por el estado mexicano, se encuentra ampliamente documentadas y reconocidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (recomendación 26-2001/CNDH). Desde el momento de su desaparición, hace 44 años, sus familiares incansablemente han luchado por la memoria, la verdad y la justicia.

Señaló que el 25 de julio de 1974, la madre de los Guzmán Cruz, Salud Cruz, denunció la detención ilegal de sus hijos y esposo ante la autoridad local; en 1988 realizaron solicitudes de investigación ante la dirección de derechos humanos de la secretaría de gobernación; que el 15 de agosto de 1991 miembros de la familia guzmán cruz presentaron una queja formal ante la comisión nacional de derechos humanos; y el 29 de mayo de 2002 se presentó una denuncia por la desaparición ante la fiscalía especializada en movimientos sociales y políticos del pasado. Es decir, que se denunció ante todas las instancias posibles, dijo que buscaron a sus familiares en hospitales, cárceles, centros psiquiátricos y zonas militares, sin éxito.

Por lo que expresaron que a 46 años de impunidad, la familia guzmán cruz no ha desistido en su búsqueda y en la exigencia de justica, y ante la falta de justicia dentro del estado mexicano, tuvieron que recurrir a instancias internacionales presentando una denuncia el 25 de octubre del 2006 ante la comisión interamericana de derechos humanos, siendo acompañados por la fundación diego lucero y el centro de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez, dicha denuncia se realizó por desaparición forzada y tortura y la falta de investigación, juzgamiento y sanción de los responsables de tales hechos (informe No. 50-13 / comisión interamericana de derechos humanos).

Por su parte, el Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México (COFADDEM) “alzado voces”, dijo que apoyan la lucha por que el Estado Mexicano haga justicia no sólo en el caso de la familia Guzmán Cruz, sino de todos los detenidos-desaparecidos en el país.

Finalmente Pável Uliánov Guzmán, coordinador del Consejo Supremo Indígena de Michoacán y vocero del Congreso Indígena de Michoacán, dijo que en una asamblea en donde estuvieron presentes: Jefes de Tenencia, Comisariados Comunales y Ejidales, así  como por Consejos de Gobierno Comunal de 60 comunidades originarias, se decidió apoyar en esta exigencia de “memoria, de verdad y de justicia”, dijo que en el Estado de Michoacán, se tienen detectados por lo menos 20 casos de desaparición forzada de personas en las comunidades indígenas entre ellas cinco de la familia Guzmán Cruz, uno de la comunidad de Caltzontzin y de otras comunidades por defender su territorio y recursos naturales y lucha contra la delincuencia organizada, por lo que expresó que como Consejo Supremo Indígena de Michoacán, estarán respaldando con movilizaciones y actos jurídicos, para la continuar en la exigencia de memoria, verdad y justicia. Y es que aseguró que estos hechos fueron debidamente denunciados en su oportunidad en todas las instancias municipales, estatales y federales, acusando que ninguna institución ha resuelto nada. Así, a 46 años de impunidad y olvido de los tres niveles de Gobierno de México en el caso de la familia Guzmán Cruz, acusa Consejo Supremo Indígena de Michoacán continúan exigiendo memoria, verdad y justicia, emitieron el siguiente boletín:

¡46 AÑOS DE IMPUNIDAD! ¡INJUSTICIA AYER Y HOY!

A LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES ORIGINARIAS

A LAS REDES DE RESISTENCIA Y LUCHA

AL PUEBLO DE MEXICO Y MICHOACAN

Comunidades P´urhepecha a 14 de julio del 2020

K´eri Kunkorhekua Iterecheri, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM, consejo autónomo e independiente de gobiernos, partidos políticos y religiones, constituido por Jefes de Tenencia, Comisariados Comunales y Ejidales, así  como por Consejos de Gobierno Comunal de 60 comunidades originarias, manifestamos conjuntamente lo siguiente:

Entre los años de 1974 y 1976, cinco integrantes de la familia Guzmán Cruz, José Jesús Guzmán Jiménez y sus hijos Amafer, Armando, Solón Adenauer y Venustiano Guzmán Cruz, luchadores sociales originarios de la comunidad p´urhepecha de Tarejero, Municipio de Zacapu, fueron detenidos y desaparecidos por la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y el Ejército Mexicano, detenidos por buscar transformar las condiciones de desigualdad, explotación y pobreza en que vivían y desaparecidos en un contexto histórico de autoritarismo, represión y criminalización de opositores políticos.

Han transcurrido 46 años de su desaparición forzada y ninguna autoridad estatal o federal, con independencia del color del partido en el poder, así como ninguna institución de justicia o derechos humanos, han logrado traer memoria, verdad o justicia para estos delitos de lesa humanidad. Aun mas, en Michoacán existen más de 20 casos de desaparición forzada de las comunidades originarias, por defender sus recursos naturales, por proteger su territorio comunal, por motivo político o por enfrentarse al crimen organizado y hasta la fecha, ninguna autoridad ha resuelto las demandas de justicia por estas desapariciones. Ayer como hoy, continúa la impunidad.

El Gobierno Federal, a través de la Subsecretaria de Derechos Humanos, Población y Migración ni siquiera se ha dignado a recibir a los familiares de los detenidos y desaparecidos de Michoacán, a pesar de que en reiteradas ocasiones se le ha solicitado por escrito. De igual forma, la Comisión Nacional de Búsqueda y la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán no han brindado ningún tipo de ayuda para lograr acceder al Archivo General de la Nación (AGN) y continuar con la búsqueda de los desaparecidos por el Estado mexicano durante la llamada “guerra sucia”.

Sin embargo, pese al olvido oficial, hoy en día las comunidades y los familiares de los desaparecidos, continuamos exigiendo memoria, verdad y justicia, seguimos incansablemente buscando a nuestros desaparecidos.

¡Por nuestros desaparecidos, continuamos resistiendo y luchando!

¡Ni perdón, ni olvido! ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!

¡No tekantskua ka nijtu miri kurhikua!¡Tsipitijtsini juanguchiua!

#JuchariUinapekua#CSIM

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